La herencia colonial se trasladó a la constitución del Estado Nacional, dándole continuidad a un formato de jerarquía socioracial, de esa manera se han organizado las relaciones sociales y la vida hasta nuestros días. Con el proyecto de modernidad impulsado desde el Estado se configuró la dicotomía indio-ladino como proyecto racial (Richards, 2016) y, desde ese lugar, se fueron distribuyendo los recursos, el acceso al poder y la subalternización de mujeres y pueblos indígenas. Este proyecto político facilitó la opresión para algunos y la apropiación de su trabajo y recursos para el beneficio de otros (Richards, 2016)
La nación fue imaginada blanca, criolla-ladina, donde lo indígena se tenía que desvanecer, asimilar, desaparecer, castellanizar, vestir a la usanza española, sosteniendo únicamente como narrativa el pasado glorioso maya para sustentar la construcción de la identidad nacional. La génesis del Estado ha estado imbricada en los debates sobre lo indígena: las resistencias, las transformaciones de los territorios indígenas y su desplazamiento. En particular, la reforma liberal fue el sello del proyecto criollo-ladino, tal como sostiene AVANCSO (2009:69):
Durante esta nueva fase de la modernización capitalista, las élites en el poder desarrollaron un racismo institucional más centralizado, que se expresaba en el lenguaje biológico y evolucionista de la época. Y equipararon modernización con progreso/inmigración y superioridad de occidente.
AVANCSO (2009:69)
El proyecto criollo-ladino generó un desplazamiento a las formas políticas, económicas, lingüísticas y culturales que habían venido gestionado las mujeres y pueblos indígenas en su resistencia y formas de vida. También, propició la desarticulación de las tierras ejidales y comunales, se convirtió a los pueblos indígenas en reserva de mano de obra de servidumbre para las fincas. Esas acciones fueron parte de un entramado de doctrinas raciales (González, 2017). Esta situación hoy día es parte de la violencia estructural que viven las mujeres indígenas en sus territorios, un ejemplo, es la situación de la comunidad agraria el Esfuerzo Túnico en el Estor Izabal.
“Esta comunidad tiene antecedentes de desalojo desde el año 2016, desde hace varios años se encuentran en resistencia habitando estos territorios debido a que, durante el conflicto armado, los habitantes de estas tierras migraron y este territorio fue tomado por empresarios bananeros. Los pobladores decidieron regresar y tuvieron que trabajar en las plantaciones que ahora se encontraban en su antiguo hogar.”
Informe de verificación de la situación y condición de las mujeres indígenas afectadas por el Estado de Sitio decretado en el municipio de El Estor en el mes de octubre y noviembre del 2021
En ese marco se puede ubicar el genocidio a los pueblos mayas en nuestra historia reciente, González (2009:363) analiza que hay una estrecha vinculación entre la producción de la desigualdad, racismo y la violencia en Guatemala. Al observar los mapas de pobreza extrema y de política de tierra arrasada, coinciden con los mapas de aquellas regiones que fueron los circuitos de agroexportación como pueblos de mozos o espacios de la habilitación desde fines del siglo XIX y primera mitad del XX.
Las condiciones de (extrema) pobreza en que vive la población indígena son la producción y reproducción del racismo y la continuidad del proyecto criollo-ladino. Lo anterior se puede identificar con la evaluación que hace Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN) en al año 2018, sobre el Índice Multidimensional de Pobreza, “la población indígena experimenta tasas de privación censurada mayores que en la población no indígena en la mayoría de los indicadores”. Para este boletín se utilizarán algunos datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, para ilustrar las condiciones de desigualdad en que viven los pueblos indígenas.
Según datos del compendio de la educación del año 2018 recopilado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la distribución de inscritos para el año 2018, por nivel de escolaridad muestra que en todos los niveles la proporción de alumnos/as inscritos/as de pueblo Ladino superan al resto de pueblos. Mientras en primaria la diferencia porcentual entre el pueblo Ladino y el pueblo Maya es de 21.9%, en el ciclo básico esta diferencia aumenta a 47.0%, concluyendo con el ciclo diversificado con la mayor brecha de puntos porcentuales llegando a ser de 60.2 puntos porcentuales. El resto de los pueblos posee un porcentaje menor al 0.05% por lo cual no se presentan en el gráfico.
Según el INE 2018, la población en el sector formal cuenta con un estimado de 2,134,792 personas; se observa que el mayor sector de la economía está conformado por la población del pueblo de pertenencia ladina con un 78.4% que equivalen a 1,665,138 personas, seguido de 20.4% que equivalen a 435,711 para la población Maya, asimismo se tiene un 0.8% de la población Xinka que equivalente a 17,473 personas. Los datos presentados de escolaridad y de trabajo formal nos detalla las desigualdades en que viven los pueblos mayas, producto de la desigualdad y el racismos histórico.
La opresión y desigualdad están montadas sobre los territorios y los cuerpos de mujeres y hombres indígenas. En la postguerra los territorios indígenas fueron cartografiados considerándolos reservas de manos de obra y reservas extractivas (AVANCSO 2016). Hoy, son zonas de territorios sacrificables (Svampa 2008) en donde se han implementado proyectos extractivos, de monocultivos, sin que se respete la oposición de la población y su autodeterminación, lo que ha dejado empobrecimiento y muerte en nombre del desarrollo.
El despojo, la pobreza, el extractivismo, la violencia, la falta de oportunidades han generado el desplazamiento de la población: en la actualidad, niños, madres y jóvenes indígenas, están siendo expulsados a buscar lugares para obtener condiciones económicas para vivir. Hay altos porcentajes de población indígena migrante y deportada de Estados Unidos de Norteamérica, en particular es población del occidente de Guatemala: Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz, etc.
Durante la pandemia por COVID-19, los y las más afectados fueron las mujeres y los pueblos indígenas. El encierro agudizó la pobreza, el aumento de la violencia para las mujeres indígenas y para las niñas, etapa en que las iniciativas de generar ingreso económico para las mujeres fue bloqueado porque se les privo de comercializar su productos, los niveles de cobertura de salud han sido muy bajos para los pueblos indígenas, las campañas informativas no eran en los idiomas mayas y/o no tenían el alcance, el Estado no respetó las formas y procedimientos de gobernanza indígena y se introdujo en los territorios indígenas. Cuando encontró resistencia, el gobierno se volcó a la narrativa de la “barbarie” para reafirmar el racismo de Estado, tal como pasó en la comunidad maya q’eqchi’ de Maguilá, Fray Bartolomé de las Casas el 08/10/2021, donde la comunidad se opuso a la vacunación y retuvo a enfermeras, el gobierno de Alejandro Giammattei no buscó el diálogo para resolver la problemática, sino que recurrió a la criminalización. Tal como observamos en estos comentarios:
“Trataron incluso de desnudar y violar a una enfermera, los comunitarios destruyeron los termos especiales, las jeringas y las vacunas”
“Perfecto, no se van a vacunar. Pero que no pidan que el gobierno invierta un cochino centavo en esa población”
Comentarios de Alejandro Giammattei sobre la situación comunitaria, diario La Hora 08/10/2021, consultado 05/03/2022
Género, clase y raza, son categorías articuladas (Butler 1995) esas opresiones se materializan en la vida de las mujeres indígenas. Tal como afirma Cumes (2014:130) refiriéndose a la irrupción de las mujeres indígenas a espacios considerados criollo-ladinos: El vestuario maya, que muchas mujeres jamás abandonaron, era crucial para hacer la relación india-sirvienta. Las mujeres mayas, al quebrar ese andamiaje de poder, recibían ese discurso racista que articulaba las opresiones de clase, género y raza. Este análisis se puede complementar con lo que Chirix (2012) subraya sobre el proceso civilizatorio como uno de los instrumentos para la asimilación, ciudadanización, nacionalización, ladinización y formación de masas de mujeres indígenas educadas para ser la servidumbre de una élite.
Con todo lo planteado, hemos descrito cómo el racismo es el mecanismo y dispositivo que organiza la desigualdad, violencia, despojo y desplazamiento de cuerpos racializados, ésta ha sido la forma en que la estructura de poder político-militar y económico se sostienen. Tal como afirma Richards (20016:35): “el racismo es más que las actitudes y las acciones discriminatorias; es construido como parte de los sistemas sociales”. Estamos ante la estructura de un proyecto modernizante-capitalista basado en la blancura -criollo-ladino- como orden dominante y que despliega todas sus tecnologías de poder para subyugar y jerarquizar racialmente a las mujeres y pueblos indígenas, sus territorios, saberes e historia. Es un sistema que se readapta, reacomoda y cambia para que nadie cambie, es un proyecto de larga duración que acompaña la historia del Estado guatemalteco.
Por su parte las mujeres y los pueblos indígenas, han buscado resistir de múltiples formas a esa estructura de dominación, su agenciamiento político los ha llevado a desplegar tanto narrativas y estrategias para contrarrestarla, desde sus propios lugares y saberes, han ido reivindicándose, buscando la dignificación.
