Al abordar las violencias, se considera que las violencias atraviesan las cotidianidades y construyen subjetividades inferiorizadas y dañadas, que alimentan al sistema patriarcal y al orden colonial, que son sistemas que organizan la vida a partir de jerarquías, opresiones-privilegios. Hay un encadenamiento de las violencias, porque se entrecruzan y se estructuran desde la realidad social y el Estado.
Las condiciones en que viven las niñas y mujeres indígenas en Guatemala, es una situación de precarización y pobreza, la falta de acceso a servicios públicos, la falta de garantías de su derechos, la ausencia del Estado y falta de políticas públicas que generen una vida digna. Todas situaciones que viven las mujeres y la niñez en general, son las violencias estructurales que generan los desplazamientos forzados.
La violencia hacia las mujeres indígenas es la traducción e imbricación de los sistemas de opresión: colonialismo, patriarcado, capitalismo, cristianismo y racismo. Esas formas se manifiestan en situaciones como la violencia económica que empuja a la migración, embarazos tempranos, violencia contra la mujer, agresión sexual y femicidio.
En el año 2017 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron un estudio Migración y trabajo infantil en Guatemala, dentro de sus hallazgos de su encuesta señalaron que la mayoría de migración de niñez no acompañada proviene de los departamentos del altiplano occidental y de El Petén.
Además, indicaron que el 75% de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados retornados aseguraron haber viajado en busca de mejores condiciones de vida, seguidos por la reunificación familiar (47%) y trabajo (37%). También, descubrieron que el 90% de esta población no cumple con la escolaridad esperada (Organización Internacional del Trabajo www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_614346/lang--es/index.htm consultado 07/10/2021) Según los hallazgos se puede identificar que son realidades que se viven en los territorios donde predomina población maya.
En un estudio reciente que elaboró el Movimiento de Mujeres Indígenas, sobre formas de violencia y femicidios hacia mujeres y niñas indígenas en los departamentos de Sololá, Huehuetenango y Quiché. En el estudio se documenta las formas de acoso que viven las niñas indígenas en sus comunidades, las participantes del estudio relataron que ellas fueron acosadas de niñas y que esa misma situación viven sus hijas, que el acoso inicia desde que las niñas tienen 13 años, las prácticas de acoso van desde decirles algo en la calle, tocarlas, perseguirlas. Dentro de los relatos se menciona a agresores a autoridades comunitarias, hombres jóvenes y adultos de y afuera de la comunidad.
En el 2020 el Ministerio Público recibió 8,072 denuncias a nivel nacional del delito de violencia sexual a nivel nacional.
En Alta Verapaz se presentaron 82 denuncias que representa el 10.18%, Huehuetenango se recibieron 601 que representa el 7.44%, en San Marcos se reportaron 524 denuncias siendo el 6.49%, Quetzaltenango el total de denuncias de ese año fueron de 507 que representa el 6.28% y en Quiché se documentaron 444 denuncias para un total de 5.01% y finalmente Sololá con 172 denuncias que representa el 2.13%.
La región representa el 37.5% de denuncias, a eso hay que considerar que existe un subregistro o que no está instalada la cultura de la denuncia por el miedo y la naturalización de la violencia que han instalado los sistemas de opresión. En los territorios mayas la mujeres viven una cotidianidad de violencia, el acceso a la justicia es tardado, muchas veces limitado en términos culturales y lingüísticos y/o nulo porque la justicia no llega o queda lejos.
Una de las formas de la reproducción de la violencia es la existencia de embarazos tempranos, en esa realidad se entretejen las violencias, que están conectadas a la poca o nula cobertura de Educación Integral en Sexualidad, limitado acceso a los servicios de salud, pobreza, la desigualdad de género, las formas de opresión del sistema patriarcal con el abuso y violación sexual, uniones forzadas y maltrato infantil. Según los datos del Observatorio en Salud Sexual y reproductiva, a nivel nacional se registraron 72,077 embarazos en niñas y adolescentes de edades entre 10 a 19 años.
Del total de embarazos en niñas y adolescentes, es en departamentos con mayoría de población indígena donde se reportan los altos índices, por ejemplo, en Huehuetenango se reportaron 8,905 que representa 12.35% a nivel nacional, en Alta Verapaz se registraron 8,674 que representa el 12.03% , en Quiché se reportaron 6,498 casos que representa el 9%, en San Marcos se documentaron 5,982. Representa el 8.17%. La región occidental un territorio de mayoría maya representa el 41% a nivel nacional (OSAR Juvenil Embarazos y registro de nacimientos de madres adolescentes – año 2021 – OSAR Guatemala Consultado 05/03/2022).
Los datos presentados corresponden al ámbito público y privado. En el ámbito privado la manifestación de las opresiones se da por la violencia intrafamiliar, la violencia económica, violencia sexual, maltrato. En el ámbito público la violencia sexual, agresión sexual, trata, violencia económica. La violencia machista/patriarcal, se entrelaza a las otras opresiones, como la violencia colonial siendo las mujeres indígenas a las que se les somete a condiciones de precariedad y vidas condenadas. Hay encadenamiento de las violencias, que se ejercer desde el poder de los hombres por el sistema patriarcal y el poder del Estado en la dominación y exclusión política, jurídica y económica en las que coloca a las mujeres indígenas .
Es visible que hay una enorme tarea en términos de formación en derechos de las mujeres, socialización de las leyes aprobadas por el Estado: La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el decreto 22-2008; La Ley de protección integral de la niñez y adolescencia en su decreto 27-2003; La Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 9-2009; La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, monitoreo desde las organizaciones de sociedad civil en el cumplimiento de las leyes y la demanda de implementación de políticas públicas en favor de las mujeres rurales e indígenas.
